En medio de cuestionamientos a los contratos para la industrialización del litio, que el Estado firmó con capitales rusos y chinos, el presidente Luis Arce aseguró este viernes que la meta de su Gobierno es la de industrializar este recurso para dar una base ancha a la economía nacional y no depender de un solo recurso, como el gas natural.

En la actualidad varios sectores sociales de Potosí rechazan los dos contratos por considerar que no dejan beneficio económico para el país. En ese sentido, exigen la nulidad de los contratos y que se socialice el proceso de industrialización con la sociedad civil.

En este contexto, en un evento en Tarija, Arce aseguró que una economía de base ancha dará tranquilidad a los bolivianos en momentos de incertidumbre económica.

“Seguimos avanzando, para no depender de un solo producto, que es el gas. Estamos construyendo una base ancha en la economía nacional, ¿qué significa? Que queremos que se industrialice el litio, tener la industrialización del hierro en el Mutún, queremos tener industrias, turismo y varias actividades”, destacó.

El mandatario insistió en que el objetivo de la implementación de los proyectos, es para ya no depender solamente del gas, sino que contar con el litio y el Mutún para generar recursos en beneficio del país.

“Bolivia tiene mucha capacidad, mucha posibilidad de diversificar su producción y este Gobierno la está construyendo, la está desarrollando para beneficiar a las bolivianas y los bolivianos”, insistió.

Los líderes ciudadanos de Potosí, región donde se encuentra el salar de Uyuni, zona donde está la mayor reserva de litio del país, protestan desde la semana pasada por "la falta de información" sobre los proyectos por parte de autoridades del Gobierno y piden una ley general del litio para garantizar transparencia.

"Quieren aprobar (el Legislativo) los contratos sin importar lo que pensamos los cívicos, el Gobierno está engañando al pueblo potosino y boliviano, son millones de dólares que van a afectar al país", dijo a EFE el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez.

Más de 30 instituciones del país andino denunciaron que las inversiones de las empresas "serían devueltas por el Estado boliviano, con base en supuestos que no están claramente explicados".

También señalaron que los costos de producción que se pagarán a las firmas extranjeras "son mucho más altos que los ingresos por la comercialización".

Fuente: Eldeber