Con el objetivo despejar dudas sobre los contrataos, que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para la industrialización del carbonato de litio, Alejandro Gallardo, ministro de Hidrocarburos y Energías, conversó con EL DEBER.

Ante la consulta sobre las características del contrato con la empresa china CBC, subsidiaria de CATL, actualmente el mayor productor mundial de baterías de litio, Gallardo explicó que el actual contrato con China es resultado de un proceso iniciado en 2021 con una convocatoria internacional en la que participaron 20 empresas. En 2024, se realizó una nueva convocatoria con 21 empresas, de las cuales se seleccionó a CBC. 

“Este contrato sigue un modelo de servicios similar al utilizado en la industria petrolera, donde la empresa asume el riesgo y la inversión”, explicó y detalló que el mismo tiene varias etapas que cumplir para entrar en vigencia. 

1.Estudo de factibilidad: Se realiza un análisis hidrogeológico, económico y financiero. “El estudio cuesta entre 40 y 60 millones de dólares y es asumido por la empresa CBC. Si el estudio determina que el proyecto no es viable, la empresa asume la pérdida”, aseguró Gallardo.

2.Diseño y construcción de plantas: Se construirán dos plantas: una de 10.000 toneladas de bicarbonato de litio y otra de 25.000 toneladas de carbonato de litio, en un plazo de dos años. El Estado puede rechazar el diseño y la construcción sin asumir costos.

3.Puesta en marcha y estabilización: Este proceso durará hasta tres años y se evaluará la producción y calidad del carbonato de litio. Si las plantas no cumplen con los estándares, el Estado puede rechazar la infraestructura sin asumir costos.

4.Operación y comercialización: La etapa operativa dura 30 años. Durante este tiempo, la empresa opera bajo supervisión de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), con control a libro abierto de los costos de operación, señaló el ministro.

Ley de litio

Una de las observaciones que hacen distintos organizaciones sociales y analistas es que se quiera aprobar los contratos de industrialización sin una ley de litio, sin un previo marco legal, en donde se deje claramente cuales son las reglas de juego.

El diputado potosino de Comunidad Ciudadana, Guillermo Benavides, es uno de los que exige que se elabore una ley de litio, similar a la que se tiene para los hidrocarburos.

“Se necesita un marco legal, similar a la que hay para el gas y el petróleo. No es posible querer aprobar contratos comerciales cuando hay grandes lagunas legales y financieras. Lo que pide el Gobierno no se puede aprobar”, explico el legislador.

Al respecto, Gallardo indicó que sí existe una propuesta de ley del litio presentada por la Cámara de Senadores. 

“Actualmente, esta ley se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en espera de ser revisada en una comisión. Se ha realizado socializaciones de la normativa, pero hasta ahora no ha sido aprobada”, indicó Gallardo.

A tiempo de remarcar que la falta de una ley de lito no afecta los contratos firmados, ya que estos se basan en la normativa vigente. 

“Los contratos deben adecuarse a la Constitución Política del Estado, a tratados internacionales, a decretos supremos, resoluciones ministeriales y cualquier otra normativa jerárquicamente   superior. En caso de que se apruebe una nueva ley de litio o una modificación en la legislación minera o tributaria, los contratos tendrán que ajustarse a los cambios normativos”, puntualizó la autoridad.

¿Solo China y Rusia?

Otra de las inquietudes es que solo se haga negocio con China y Rusia, a lo que Gallardo precisó que además de los contratos firmados, “tenemos 14 convenios en negociación con empresas de Francia, Alemania, Australia y Argentina para operar en otros salares como Coipasa. La estrategia del Gobierno es diversificar socios para desarrollar la industria del litio”.

Y subrayó que es una falacia que los dos contratos a ser tratados en la Asamblea comprometan los recursos de litio del país.

“En Uyuni tenemos reservas estimadas en 21 millones de toneladas de carbonato de litio, pero estos contratos solo utilizarán el 1,34% de ese total. Además, menos del 2% de la superficie del salar se usará para la industrialización, lo que minimiza el impacto en el turismo”, observó.

Sobre el rechazo y las observaciones de los contratos la autoridad indicó que se ha realizó una socialización de los contratos en las áreas de influencia y con sectores interesados. 

“Sin embargo, algunos actores políticos han tomado el tema como bandera para desinformar y generar incertidumbre. Lo importante es que este es un proyecto estratégico de largo plazo que beneficiará al país más allá de cualquier coyuntura política”, concluyó.

Fuente: Eldeber

El país se encuentra envuelto en la vorágine electoral. Está definido que las elecciones presidenciales se efectúan a mediados del mes de agosto y tenemos una fauna neoliberal disputando la apropiación del discurso promovido por la derecha fascista de Milei. Bajo el cliché de agotamiento del Estado Plurinacional y el Modelo Económico Social Comunitario y Productivo (Mescp), pretenden un retorno al pasado tanto en términos políticos como económicos.

La nostalgia por los días en que los ministros y otras autoridades eran definidas desde oficinas de la Embajada norteamericana, hasta aquellas políticas públicas implementadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde su centro de operaciones en el Banco Central de Bolivia (BCB), definiendo la privatización de las empresas del Estado, así como los ajustes para reducir aún más a la precaria salud y educación pública de entonces, rondan nuevamente en el discurso de los candidatos de la derecha.

Es cierto que las transformaciones sociales y económicas, resultantes de la energía acumulada por años de resistencia contra el neoliberalismo que dio lugar al proceso popular que permitió el cambio constitucional de 2009, entró en una fase de estancamiento a partir del 2014, cuando el horizonte plurinacional fue sustituido por una visión nacionalista conservadora que limitó sus avances, sin que esto signifique desconocer los logros alcanzados. Estas limitaciones conducen a que parte de la población que fue favorecida por las transformaciones asuma una actitud de desconcierto sobre el futuro, a lo que se suma la estrategia de desinformación que en todo nivel viene encarando sistemáticamente la derecha instalando un sentido de pesimismo y cuestionamiento del modelo. Una de las estrategias cuestionadas es la vigencia de las empresas públicas.

En tiempos del neoliberalismo, la receta del FMI y el Banco Mundial (BM), operadores de la estrategia de globalización que permitió un largo período de hegemonía sin límites al capitalismo, se impusieron medidas de “ajuste estructural” que, en resumidas cuentas, generaron condiciones para la libre circulación de capitales transnacionales que se apropiaron de los recursos naturales del país e impusieron duras condiciones a los trabajadores mediante la “flexibilización laboral”. Todo esto en el marco de un achicamiento del Estado y su subordinación a la lógica de fortalecimiento del capital, particularmente externo.

La estrategia implementada fue la privatización, capitalización y enajenación de las empresas estatales, patrimonio del pueblo y sus luchas por el control de los recursos naturales. Montados sobre el discurso de ineficiencia del Estado en la gestión y la promesa de inversiones que permitan modernizar el aparato productivo, así como el acceso a tecnología, entregaron a manos transnacionales y de políticos neoliberales inescrupulosos pintados de empresarios todas las empresas que se gestaron incluso desde antes de la Revolución de 1952.

En 2019 la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) concluyó una investigación de este proceso que abarcó a 157 empresas públicas, entre las que destacan Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Fábrica de Cemento El Puente.

La enajenación se dio entre 1985-2005, durante las presidencias de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), Hugo Banzer Suárez (1997-2001), Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002) y Carlos Mesa Gisbert (2003-2005). Aunque las bases para este proceso se generaron desde los últimos años de las dictaduras militares con la Ley de Inversiones de Banzer, la Descentralización de las Corporaciones de Desarrollo y otros.

La campaña de justificación de la privatización se daba a partir de promesas de crecimiento del país con un PIB entre el 8% y 11%, sin embargo, una evaluación de los resultados de ese período (1985-2005) en la economía del país nos muestra un bajo nivel de crecimiento del con una tasa promedio de 2,99%, mientras que en el período anterior a la aplicación de estas medidas (1964-1984), donde la presencia del Estado en la economía era fuerte, la misma llegó a 3,43%. Entre 2006 y 2023 tenemos un crecimiento del PIB de 3,85% en promedio; y si omitimos la crisis del Covid-19 en 2020 el mismo se eleva a 4,6%. Los datos desvirtúan la retórica que plantea al sector privado como eje del crecimiento de la economía en nuestro país y ratifican la importancia del Estado como protagonista del desarrollo.

Entre los casos de empresas públicas privatizadas las consecuencias de este modelo privatizador fueron la concentración de los ingresos en sectores sociales privilegiados, la desigualdad se agudizó, el Índice Gini nos muestra un crecimiento de 0,48 en 1980 a 0,6 en 2005. La transferencia de los ingresos de las empresas privatizadas a los países de origen de las transnacionales, no solo como remesas por utilidad, sino mediante la autocontratación de servicios con sus casas matrices, generó una fuga de capitales del país. La Comisión Especial Mixta de Investigación de la Capitalización y Privatización (Cemicp) identificó que las pérdidas del Estado como efecto de la privatización ascendieron a más de 22 mil millones de dólares.

El discurso privatizador tiene varios operadores, no solo los políticos. Un rol importante lo ejercen los medios de comunicación, donde el alineamiento político de sus propietarios acompañó la estrategia encargada de desacreditar las empresas públicas magnificando problemas operativos, asignándoles calificativos como deficitarias, ineficientes y otros. La Cemicp identificó líneas claramente privatizadoras en los conglomerados mediáticos como el Grupo Comunicacional El Deber, Grupo Kuljis (Red Uno), Grupo Garafulic, Grupo Canelas (Los Tiempos), Grupo Líder, Grupo Fides, Grupo PAT, Red Panamericana y otros.

Parece que la estrategia privatizadora está en marcha: nuevamente oímos de desprestigio de las empresas del Estado, estos últimos días todos parecen haberse ensañado con Boliviana de Aviación (BoA), parece que los problemas operativos son resultado de su condición estatal, incluso medios se dan la atribución de evaluar a BoA mediante “expertos” como el dueño de la extinta Aerosur, Humberto Roca, quien salió del país en 2012 como prófugo después de la estafa cometida a los trabajadores de esa empresa y por evasión tributaria. A decir del presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Roca le debe al Estado más de 605 millones de dólares.

Durante el golpe de Estado de 2019 ya se generó un intento de privatizar BoA. La empresa fue entregada en su administración a Juan Carlos Ossio, exvicepresidente de Finanzas de Amaszonas. En ese período las operaciones aéreas se redujeron en 60% llevando a la empresa a una situación financiera muy difícil, mientras que desde el gobierno de facto privilegiaron la atención de las rutas de vuelo a Amaszonas.

BoA ha generado ingresos por más de dos mil millones de dólares al país durante los últimos 10 años, de los cuales aportó aproximadamente seis millones para el pago del Bono Juancito Pinto y el Fondo de Renta Universal de Vejez (FRUV), favoreciendo a la permanencia de los niños en la escuela y el acceso de los adultos mayores a una renta digna.

Debemos exigir un buen servicio, es cierto, sin que esto signifique desacreditar esta empresa y hacer coro a los privatizadores que, como ya conocemos, solo les importa tener la oportunidad de apropiarse de BoA para fines personales y/o de grupos de poder económico.

Fuente: la época

En medio de cuestionamientos a los contratos para la industrialización del litio, que el Estado firmó con capitales rusos y chinos, el presidente Luis Arce aseguró este viernes que la meta de su Gobierno es la de industrializar este recurso para dar una base ancha a la economía nacional y no depender de un solo recurso, como el gas natural.

En la actualidad varios sectores sociales de Potosí rechazan los dos contratos por considerar que no dejan beneficio económico para el país. En ese sentido, exigen la nulidad de los contratos y que se socialice el proceso de industrialización con la sociedad civil.

En este contexto, en un evento en Tarija, Arce aseguró que una economía de base ancha dará tranquilidad a los bolivianos en momentos de incertidumbre económica.

“Seguimos avanzando, para no depender de un solo producto, que es el gas. Estamos construyendo una base ancha en la economía nacional, ¿qué significa? Que queremos que se industrialice el litio, tener la industrialización del hierro en el Mutún, queremos tener industrias, turismo y varias actividades”, destacó.

El mandatario insistió en que el objetivo de la implementación de los proyectos, es para ya no depender solamente del gas, sino que contar con el litio y el Mutún para generar recursos en beneficio del país.

“Bolivia tiene mucha capacidad, mucha posibilidad de diversificar su producción y este Gobierno la está construyendo, la está desarrollando para beneficiar a las bolivianas y los bolivianos”, insistió.

Los líderes ciudadanos de Potosí, región donde se encuentra el salar de Uyuni, zona donde está la mayor reserva de litio del país, protestan desde la semana pasada por "la falta de información" sobre los proyectos por parte de autoridades del Gobierno y piden una ley general del litio para garantizar transparencia.

"Quieren aprobar (el Legislativo) los contratos sin importar lo que pensamos los cívicos, el Gobierno está engañando al pueblo potosino y boliviano, son millones de dólares que van a afectar al país", dijo a EFE el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez.

Más de 30 instituciones del país andino denunciaron que las inversiones de las empresas "serían devueltas por el Estado boliviano, con base en supuestos que no están claramente explicados".

También señalaron que los costos de producción que se pagarán a las firmas extranjeras "son mucho más altos que los ingresos por la comercialización".

Fuente: Eldeber

Después de varias observaciones a sus operaciones, el nuevo gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Mario Borda, aseguró que la compañía es confiable y viable económicamente porque aporta con hasta Bs. 1.000 millones anuales en impuestos.

En declaraciones al programa Asuntos Centrales, el ejecutivo sostuvo que la aerolínea cuenta con un factor de ocupación del 80%, lo que “es una señal de que BoA es viable económicamente, porque es una compañía que está volando continuamente”.

Además, resaltó que se realizará una reestructuración interna y la apertura de nuevas rutas que “van a generar divisas al país”. Incluso, anunció la incorporación de 14 aeronaves propias en los próximos cuatro años y la rotación del personal para recuperar la imagen afectada por incidentes y demoras.

En medio de estas declaraciones, la aerolínea estatal se ve inmersa en una creciente polémica. Recientes críticas han surgido desde diversos sectores y medios de comunicación, señalando deficiencias operativas que afectan a miles de pasajeros. 

Así, un incidente ocurrido el pasado 27 de enero en el vuelo OB-648, en el que una alarma de posible incendio obligó a abortar el despegue y a evacuar a 137 pasajeros, ha reavivado las protestas. 

Diversos reportes destacan que este episodio, sumado a constantes retrasos, cancelaciones y la pérdida de equipaje, ha incrementado los reclamos de usuarios y generados procesos sancionatorios contra la empresa.

  
El viceministro Jorge Silva, en declaraciones a medios, cuestionó la eficiencia operativa de BoA, afirmando que “la aerolínea genera un gran perjuicio a los usuarios” debido a los reiterados retrasos y problemas en la atención. 

Asimismo, desde las redes sociales y foros de opinión, numerosos viajeros han manifestado su descontento, calificando el servicio de BoA de “pésimo” y denunciando la falta de cumplimiento en horarios y la ineficiente gestión del equipaje.

Además, informes recientes señalan que BoA acumula más de Bs. 1,4 millones en multas impuestas durante la gestión 2024 y afronta al menos cinco nuevos procesos sancionatorios este 2025 por deficiencias en la información al usuario y cancelaciones de vuelos.

La situación se agrava por denuncias de problemas estructurales, como la alta dependencia en aeronaves alquiladas –de las 21 aeronaves de la flota, 20 son arrendadas, lo que representa un gasto mensual aproximado de 2,6 millones de dólares– y una deuda de 38 millones de dólares que, según algunos funcionarios, sigue pesando sobre la empresa. 

Incluso figuras políticas y expertos han exigido la apertura del mercado aéreo en Bolivia para romper lo que muchos consideran un monopolio estatal, señalando que la falta de competencia afecta la calidad y la eficiencia del servicio.

Con este escenario, el nuevo gerente Mario Borda se enfrenta a un desafío mayúsculo: no solo debe impulsar la expansión y modernización de la aerolínea, sino también implementar medidas estructurales que reviertan la ola de críticas y recuperen la confianza de los usuarios. 

Fuente: Eldeber

La tecnología de extracción directa del litio (EDL) que se plantea utilizar no genera impacto ambiental significativo y permite la recuperación superior a 80 % de ion litio.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, criticó que algunos parlamentarios utilicen el tema de la industrialización del litio con fines políticos, desinformando a la población sobre el impacto ambiental y la eficiencia tecnológica del proyecto.

Según la autoridad, durante cinco años no se tomaron acciones concretas al respecto y ahora se intenta generar dudas infundadas.

Gallardo explicó a la estatal Bolivia TV que el contrato con la empresa CBC es de servicios y se desarrolla en varias etapas.

La primera, con una duración de un año, consiste en un estudio a diseño final para evaluar aspectos técnicos, económicos, socioambientales y jurídicos.

“Si en esa etapa se evidencia que los indicadores son negativos, que la tecnología requiere un uso excesivo de agua o de recursos energéticos, el proceso no avanzará a la siguiente fase”, aseguró.

El ministro destacó que la tecnología de extracción directa del litio (EDL) que se plantea utilizar no genera impacto ambiental significativo y permite una recuperación superior al 80 % del ion litio.

Una vez concluido el estudio inicial, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) revisará los resultados y, si se determina la viabilidad del proyecto, se procederá a la etapa de construcción, que durará dos años.

Durante ese tiempo, YLB supervisará y fiscalizará el cumplimiento de los hitos técnicos y ambientales establecidos en el diseño.

“Solo tras verificar que todos los parámetros se cumplen se pasará a la puesta en marcha de la planta”, indicó Gallardo, enfatizando en que se están siguiendo procedimientos estándar y transparentes, similares a los utilizados en el sector petrolero.

La autoridad reiteró su llamado a evitar la desinformación y comprender que el proceso aún se encuentra en una etapa inicial de análisis y diseño, donde la prioridad es garantizar la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento eficiente del recurso natural.

PREVENCIÓN

YLB informó que el contrato de litio con el consorcio Hong Kong CBC Investment Limited incluye la ejecución de un estudio técnico de ingeniería a detalle y diseño final para establecer la cantidad y calidad del agua que se utilizará en la producción de carbonato de litio grado batería, además de la consulta previa.

Garantiza su cumplimiento normativo en Bolivia. “El estudio a diseño final entregará los datos precisos de cuánta agua se va a utilizar, cuánta agua se va a reciclar; también la cantidad y calidad de residuos y eso sirve para tramitar la licencia ambiental, que definirá dónde y cómo se hará la consulta previa”, explicó el presidente de la estatal, Omar Alarcón.

Indicó que el estudio de ingeniería a detalle es la primera actividad del contrato, que definirá también la factibilidad del proyecto respecto de la microlocalización de dos plantas industriales en el Salar de Uyuni.

Según los datos, el estudio técnico tiene un costo aproximado de $us 30 a 40 millones y correrá por cuenta de CBC, según establece el contrato, con el fin de obtener los datos precisos, que permitan ejecutar el proyecto con éxito.

Consultado sobre por qué se firmó el contrato sin tener esos datos precisos, Alarcón respondió que se hizo una estimación en base a trabajos de exploración y estudios hidrogeológicos desarrollados por YLB en las áreas potencialmente disponibles para ejecutar este tipo de proyectos, pero que los datos precisos y finales saldrán del estudio.

“Firmamos y aprobamos el contrato para iniciar el proyecto con el estudio a diseño final, que va a garantizar los datos precisos y pueden ser validados por el Ministerio de Medio Ambiente o empresas internacionales, si así lo desea la población”, refirió.

Fuente: Ahora EL PUEBLO

Tiene 100 supermercados distribuidos en las diferentes regiones de Bolivia, donde todos sus productos son de industria nacional. De 2.700 productos que venden, solo 20 son de Emapa, es decir, todo lo demás es del sector privado nacional.

La estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) genera un equilibrio en lo que es los alimentos de los bolivianos, porque comercializa en 100 supermercados 2.700 productos, la gran mayoría del sector privado, y acopia y comercializa granos para entregarlos con subvención a sectores, como panificadores, informó el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles.

“Es el mayor distribuidor de productos nacionales, y es responsable de almacenar y vender las reservas estratégicas de granos específicos, como arroz, trigo y maíz. Maneja la subvención a los productores primarios para que se desarrolle y también al producto terminado”, explicó en Bolivia Tv sobre el impacto de la firma en materia de alimentos.

Emapa apoya a los sectores de la cadena productiva de alimentos, a la producción agropecuaria y agroindustrial, contribuye a la estabilización del mercado interno de productos agropecuarios y agroindustriales, y a la comercialización de la producción del agricultor en el mercado interno.

En las tiendas estatales se comercializa los productos a peso y precio justo. Por ejemplo, cuando en el mercado la arroba de arroz se acercaba o superaba los Bs 100, como consecuencia de una alta especulación, en Emapa se comercializaba en Bs 55.

Tiene 100 supermercados distribuidos en las diferentes regiones de Bolivia, donde todos sus productos son de industria nacional. De 2.700 productos que venden, solo 20 son de Emapa, es decir, todo lo demás es del sector privado nacional.

“Aquí se está desarrollando la economía de las industrias. Es un nuevo mercado grande que hay y se realiza a través de convenios. Nosotros no tenemos los márgenes de utilidad que tienen otros supermercados, 35 y 30% de utilidad (por intermediar la venta de productos)”, explicó.

Respecto a los granos comprados y almacenados, precisó que se compra trigo a los productores en un precio superior al 15%, además se les entrega fertilizantes.

“Como Emapa molemos el trigo y vendemos con subvención la harina a los panificadores, además de manteca, azúcar y levadura”. Esta política garantiza el precio de pan en Bs 0,50.

“Realmente genera un equilibrio en lo que es la alimentación de los bolivianos”, afirmó sobre el rol que juega en la provisión y precio de alimentos la empresa estatal.

En Gabinete de ministros aprobó el 15 de enero el decreto que autoriza a la estatal Emapa la subvención a la producción y comercialización de maíz, arroz, trigo, harina de trigo, azúcar, manteca y levadura para garantizar la seguridad alimentaria en el país.

Fuente: Ahora EL PUEBLO

La Paz (ABI). – El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, defendió este domingo el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) afirmando que éste continúa dando respuestas a la población boliviana a pesar del “estrangulamiento económico” desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“El modelo económico va dando respuestas a pesar del estrangulamiento que se da en la Asamblea, los 1.667 millones de dólares (en créditos externos) que no se aprueban”, dijo en contacto con Bolivia Tv.

La autoridad gubernamental denunció que en los últimos años actores políticos no permitieron que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo “pueda seguir funcionando óptimamente”.

Dijo que no se permitió que este modelo funcione por los bloqueos de carreteras de 36 días en 2022, de 16 en 2023 y de 40 en 2024. A ello se sumó, en el contexto externo, las altas tasas de interés producto de las altas inflaciones por más de 4 años.

“Pero el modelo económico sigue dando una respuesta al pueblo boliviano ¿por qué?, porque la redistribución del ingreso sigue vigente, ahí están las transferencias no condicionadas”, aseveró.

El ministro recordó que esas transferencias son el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy, la Renta Dignidad, además de las subvenciones, pues el fin del Gobierno es defender el bolsillo y la mesa de las familias bolivianas.

“A pesas de todas esas trabas, de ese juego no limpio que se ha dado, el modelo económico da un resultado, seguimos con actividad económica creciente. Los impuestos, que es un indicador también importante, han llegado en 2024 a tener importantes niveles de recaudación, más de 48.000 millones de bolivianos”, resaltó.

Fuente: la época

En una conferencia de prensa realizada este jueves, el ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos, indicó que se tiene previsto inaugurar el Complejo Siderúrgico del Mutún este próximo 24 de febrero, puesto que hasta el momento se cuenta con un avance superior al 98%.

Con la puesta en marcha de este proyecto, para explotar el yacimiento de hierro del Mutún, el Estado espera generar ingresos por 260 millones de dólares al año.

La obra que se entregará este mes se ejecutó con una inversión de 546 millones de dólares, de los que el 85 % fue financiado con un crédito del Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Eximbank), y el 15 % restante lo aportó el Estado boliviano.

"Esta planta siderúrgica del Mutún va a tratar 800.000 toneladas de carga bruta de hierro. Por mes va a tratar 66.000 toneladas y por día 2.000 toneladas. En todo el año va a producir 200.000 toneladas de fierro corrugado que va a ir a cubrir el mercado interno", explicó el ministro.

El ministro Santos, destacó que se trata de una "planta gigante", que ha sido anhelada por más de 60 años y que hasta el momento no se había podido concretar.

El yacimiento es considerado como una de las mayores reservas de hierro del mundo, con un potencial estimado de 40.000 millones de toneladas del mineral que, además, es hierro de alta ley, según datos oficiales.

El proyecto fue construido por la empresa estatal china Sinosteel Corporation, tras acuerdos fallidos con la brasileña EBX en 2006 y en 2007 con la compañía india Jindal.

Fuente: reduno

La crisis en el abastecimiento de maíz está poniendo en jaque a la producción porcina en el país. Por segundo día consecutivo, productores de cerdo se movilizaron en las oficinas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para exigir la provisión del grano, cuya escasez podría derivar en una subida en el precio de la carne.

Jorge Méndez, presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor), expresó su preocupación ante la falta de respuesta de las autoridades y comparó la crisis con la escasez de combustibles en el país. “Ya nos estamos acostumbrando a hacer colas en los surtidores, no queremos acostumbrarnos a hacer colas aquí (en Emapa) para comprar maíz”, enfatizó.

Los productores alertan que la crisis no solo afecta al maíz, sino también a otros insumos clave como la soya y el sorgo, fundamentales para la alimentación del ganado porcino. “No tenemos que darles de comer a nuestros animales y en estos momentos hay productores que han reducido su producción. Esto trae escasez, y la escasez provoca un aumento de precios, además del alza en los costos de producción”, advirtió Méndez.

Pese a las protestas, hasta el momento Emapa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación. Los productores, ante la incertidumbre, han puesto sus esperanzas en el abastecimiento desde el exterior. “Lo único que nos queda es rogarle a Dios que los comerciantes se iluminen y vayan a traer maíz de Argentina, porque Emapa nunca fue una solución al problema del maíz en el país”, concluyó el presidente de Adepor.

Fuente: red uno