El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, junto al director ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, presentó el informe "Empresas Públicas Críticas – Datos a 2025", un análisis técnico que expone la situación financiera de 15 empresas públicas estratégicas del país. El estudio evidencia pérdidas acumuladas, deterioro patrimonial, elevados niveles de endeudamiento y el importante volumen de recursos públicos, que superan los 26 mil millones de bolivianos, destinados a estas entidades durante los últimos años.

Durante la presentación del informe "Empresas Públicas Críticas – Datos a 2025", se informó que las 15 empresas analizadas registran pérdidas acumuladas por Bs 5.177,1 millones, equivalente al 42% del patrimonio, mientras que el conjunto de las empresas públicas acumula pérdidas por Bs 12.742,8 millones, configurando uno de los escenarios financieros más complejos de los últimos años.

“El problema de las empresas públicas no es solo financiero, no es solo fiscal, es institucional, es estratégico, pero sobre todo es ético”, enfatizó en la ocasión el ministro de la Presidencia.

Pérdidas que comprometen el patrimonio de las empresas
El director de la OFEP explicó que el patrimonio representa el capital con el que nace una empresa y constituye uno de los principales indicadores para medir su salud financiera.
"El patrimonio es con lo que nació una empresa. Por ejemplo, si nació con 100 millones de bolivianos, cuando la pérdida acumulada supera al patrimonio inicial, ya podemos hablar de una quiebra técnica. Es así de simple y fácil esa definición".
Camacho señaló que el informe también incorpora la variación patrimonial registrada durante la última gestión, permitiendo observar el comportamiento financiero individual de cada empresa y la magnitud del deterioro sufrido.
Entre las empresas con mayor nivel de riesgo financiero figuran ETASA S.A., Yacana, YLB, Karachipampa (EMK), Quipus, TAM, EBIH y B-Agro, cuyos indicadores reflejan una reducción significativa de su patrimonio.

Empresas que generan pérdidas en sectores altamente rentables
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la presentación fue el desempeño de empresas que operan en sectores económicos que, en condiciones normales, presentan elevados niveles de rentabilidad.
En referencia a EPCORO, empresa dedicada a la intermediación del oro, Camacho afirmó: "Bolivia debía ir a los Guinness. Bolivia es el único país que ha generado pérdida en una empresa de intermediación de oro".
Camacho recordó que la empresa registra pérdidas patrimoniales por aproximadamente Bs 375 millones, pese al contexto internacional favorable del precio del oro. 
Asimismo, cuestionó la situación de B-Agro, empresa estatal vinculada al sector agropecuario. "Cuando el sector agrícola del oriente registra utilidades, cuando el sector ganadero, pese a las condiciones, logra utilidades, nuestras empresas generan pérdidas".
Añadió que B-Agro no presentó estados financieros correspondientes a la gestión 2025, lo que dificulta una evaluación integral de su desempeño.

Más de Bs 18.227 millones en créditos
El informe de la OFEP revela que las empresas públicas recibieron Bs 18.227,6 millones en créditos, de los cuales aún mantienen un saldo vigente de Bs 16.273,4 millones, además de Bs 1.182,9 millones en cuotas vencidas, reflejando importantes incumplimientos en sus obligaciones financieras. 
Al respecto, Camacho sostuvo: "Estas empresas recibieron 18.227 millones de bolivianos en créditos. Sin embargo, el saldo vigente todavía alcanza los 16.273 millones y existen 1.182 millones en cuotas vencidas".
Explicó que estos indicadores reflejan dificultades operativas. "Al no haber podido cancelar sus deudas, significa que no están produciendo y que están generando pérdidas".
Asimismo, aclaró que las obligaciones en mora corresponden a créditos contraídos durante la administración anterior. "Estas cuotas vencidas no pertenecen ni fueron incumplidas en este gobierno; corresponden al anterior gobierno del expresidente Luis Arce".

Aportes de capital y donaciones
Además del financiamiento mediante créditos, el Estado destinó importantes recursos para fortalecer financieramente a estas empresas. El documento presentado por la OFEP establece que las empresas recibieron Bs 8.154,9 millones en aportes de capital provenientes del Tesoro General de la Nación, además de Bs 148 millones en donaciones, alcanzando un total de Bs 8.302,8 millones. 
Camacho señaló que estos recursos se suman al endeudamiento previamente otorgado.
"No solo se beneficiaron de créditos; también recibieron aportes de capital del Tesoro General de la Nación y, en algunos casos, donaciones".
Y añadió: "Cuando hablo del daño a los bolivianos, hablo de recursos públicos que fueron utilizados de manera arbitraria".

Más de Bs 26.530 millones comprometidos
Al consolidar créditos, aportes de capital y donaciones, el informe concluye que las 15 empresas públicas comprometieron Bs 26.530,5 millones de recursos públicos, monto que representa uno de los mayores niveles de inversión estatal registrados en este conjunto de empresas. 
Para el Director General Ejecutivo de la OFEP, los resultados financieros evidencian el fracaso del modelo implementado en estas empresas. "Este cuadro resume una historia nefasta, un engaño. Se gastó incluso en publicidad para hacernos creer que Bolivia iba a industrializarse y que se sustituirían las importaciones".
Como ejemplo, mencionó los proyectos de producción de biodiésel. "Las plantas tienen cerca del 90% de avance, pero se olvidaron sembrar la materia prima necesaria para hacerlas funcionar".

Llamado a la evaluación de las empresas públicas
Finalmente, Pablo Camacho sostuvo que los resultados presentados deben servir para abrir un debate responsable sobre el futuro de las empresas estatales y la administración de los recursos públicos. "Debemos estar todos molestos y entender que no podemos seguir defendiendo empresas que pierden".

La OFEP anunció que continuará presentando informes técnicos sobre el desempeño de las empresas públicas con el objetivo de transparentar la información financiera, evaluar la sostenibilidad de cada entidad y contribuir a la toma de decisiones orientadas a la protección de los recursos del Estado.